Por: Jaime Sainz, Profesor de Administración Pública en el CIDE.

De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, realizado por el INEGI en 32 áreas urbanas del país, el 65% de las personas que practican algún ejercicio (42% de la población de las ciudades entrevistadas) lo llevan a cabo en un parque o en la vía pública.

No sorprende entonces que una de las preguntas más frecuentes que escucharon durante 2020 los alcaldes, directores de servicios públicos y encargados de áreas verdes en México fue: ¿cuándo van a abrir los parques? Una pregunta difícil en un tiempo en que los esfuerzos de ciudadanos y gobiernos se han enfocado en reducir al mínimo posible la tasa de contagio del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19.

Sin embargo, conforme nos acercamos a un año de restringir el movimiento de las personas en el espacio público, se vuelve cada vez más importante enfrentar la disyuntiva que implica el controlar el virus al mismo tiempo que se mantiene un acceso razonable a servicios esenciales –entre los cuales se debe incluir el acceso a áreas verdes.

¿Qué tan esencial es que las personas tengan acceso a los parques? La importancia de las áreas verdes urbanas en la generación de bienestar y salud pública, medida por su función en posibilitar mejor calidad del aire, practicar actividades físicas, la interacción social y la reducción de estrés, está documentada por cientos de investigaciones científicas en varias partes del mundo. El rol de las áreas verdes urbanas se ha expandido durante el confinamiento -tiempo durante el cual se han incrementado los problemas de salud mental e incluso de violencia doméstica.

Muchos estudios académicos en varios países han encontrado beneficios incluso en la productividad cuando las personas se relajan o ejercitan en las áreas verdes, de mejora en aprovechamiento escolar por parte de niños que las visitan con frecuencia. Se trata de espacios de convivencia social donde se construyen redes de confianza, se hacen actividades físicas que reducen el estrés o que estimulan el flujo de ideas.

Adicionalmente, el acceso a áreas verdes es un componente de la justicia ambiental, pues los hogares con mayores ingresos tienen mayores recursos para buscar alternativas privadas o de clubes de recreación, deporte y acceso a estos espacios, mientras que los hogares de menores ingresos en buena medida tienen como única alternativa lo que les ofrezcan las áreas verdes públicas.

La meta de mantener un confinamiento estricto en 2021 es una tarea sumamente compleja en la mayor parte de los espacios públicos. Según el Censo de Gobiernos Municipales de INEGI publicado en 2019, en México hay 29,520 parques a cargo de los gobiernos municipales, sin contar jardines y otras áreas verdes menores. Solo una minoría de tales parques tiene perímetros físicos. 

La aglomeración que se evita en los parques suele trasladarse a otros sitios de la ciudad. En entrevista, un director de servicios municipales señaló que los parques estuvieron cerrados de marzo a diciembre de 2020, pero que de manera contradictoria se podía ver en la misma ciudad que había tianguis desbordados de gente. La directora del Parque La Mexicana, localizado en la Ciudad de México, visualiza una manera distinta de hacer las cosas: hacer el esfuerzo por un manejo controlado y seguro, que permita no solo mantener abiertas los espacios verdes, sino incluso aprovecharlos a través del establecimiento de reglas para atraer actividades (artísticas, deportivas, de convivencia) que normalmente se realizarían en lugares cerrados.

¿Es posible que  los parques y los espacios verdes urbanos ofrezcan los servicios ambientales acostumbrados en tiempos de pandemia? ¿Es posible que incluso se aproveche el espacio de manera alternativa y que se realicen actividades que es poco seguro realizar en los lugares cerrados convencionales? 

Como parte de un estudio sobre el manejo de áreas verdes en Latinoamérica, un grupo de investigadores de los que los autores de este artículo formamos parte, encontramos que la respuesta puede ser positiva solo bajo un cambio sustancial en la manera de administrar y financiar los parques en México y otros países. Un acceso controlado requiere de mayor personal, capacitación, fuentes presupuestales diversas, visión de las áreas verdes como un sistema y no como un conjunto de áreas fragmentadas, además de la participación de los usuarios y de los funcionarios municipales y estatales a cargo de la política urbana. 

La experiencia latinoamericana durante 2020, si bien diversa en cuanto a fechas de confinamiento y a restricciones de movilidad, ha tenido muchas similitudes: un periodo inicial (en general a finales de marzo del 2020) en el que se restringió el acceso, con una conducta muy cautelosa y una siguiente etapa cuando se reflejaron las distintas conductas sociales y la forma de manejar el acceso en la segunda parte del año, donde cada país y sus gobiernos locales implementaron una variedad de reglas de acceso controlado.

Mientras que algunas ciudades realizaron pruebas de acceso en “parques piloto”, lo cual ayudó a la toma decisiones futuras (como en la municipalidad de Guatemala); esto les permitió  implementar alternativas como el uso de vialidades para actividades físicas y traslados en bicicleta (en León, Guanajuato) y acceso controlado (en Cuenca, Ecuador). En muchas otras ciudades no fue posible – por falta de personal o entrenamiento- planear programas de prueba, cuidar los accesos o diseñar protocolos de uso específicos. 

Los parques fungen un rol importante en el control del contagio por su condición de espacios abiertos que propician el poder salir de casa, pero mantener la sana distancia:  al mismo tiempo mantienen la vitalidad y la salud de nuestros espacios urbanos al seguir siendo utilizados. En la siguiente edición de Revista Parques reportaremos algunos de los hallazgos relevantes para mejorar la gobernanza de los parques en América Latina.