Autora: Adriana E. Ortega
El artículo de la autora Adriana E. Ortega, comienza con la narración de un lamentable hecho. El pasado 19 de enero de 2023, María Ángela de 16 años desapareció mientras esperaba a su mamá afuera de los baños que se encuentran en el paradero de la estación Indios Verdes del metro de la Ciudad de México. Su madre dice que lo último que pudo escuchar antes de que se la llevaran fue un grito de María Ángela pidiendo su ayuda desde afuera; al salir ya no la encontró. Después de aproximadamente tres días de que su familia presionara a las autoridades para que la buscaran, María Ángela fue localizada dentro de una bolsa negra en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a unos 30 kilómetros de donde fue desaparecida.
De igual manera, en diciembre de 2021, Ivone Alonso Enríquez (también de 16 años) fue desaparecida en la parada de camiones San Francisco Cheje en Jocotitlán, Estado de México. Ella regresaba de la escuela y le avisó a su mamá que se sentía perseguida momentos antes de que no volvieran a conocer su paradero. Hasta la fecha, Ivone sigue en calidad de desaparecida.
Tristemente como nos hace saber la autora, las historias de María Ángela e Ivone se repiten todos los días en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), gestionado por la Secretaría de Gobernación, existe un acumulado de 110,268 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país. De esta cifra, el 25 % (27,519) son mujeres y tan sólo en 2022, 3,104 de ellas fueron reportadas bajo este estatus; es decir, en el último año desaparecieron casi nueve mujeres cada día. Además, en el Estado de México es donde hay mayor concentración de mujeres desaparecidas en el país, con un total de 5,213; 2 de cada 10 se encuentran registradas en esa entidad.
Este tipo de sucesos no acontecen en un vacío, hay todo un contexto que los propicia. Con base en la última entrega de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 45.6 % de las mujeres mayores de 15 años —un poco más de 23 millones— dijeron haber vivido algún tipo de violencia dentro de su propia comunidad a lo largo de su vida. Esta proporción se encuentra casi siete puntos porcentuales por encima de la incidencia registrada en la edición anterior de la encuesta —2016— para este mismo tipo de violencia. Si bien no sólo se trata de eventos tales como del que fueron víctimas María Ángela o Ivone, la población femenina en el país se enfrenta a incidentes cotidianos de humillación, intimidación, golpes, amenazas con armas de fuego, hasta abuso y hostigamiento sexual. De forma específica, este tipo de violencia sexual es la que más se registra en el entorno comunitario, con 42.2 %.
En este sentido, culturalmente hemos aprendido que “la calle” no es un lugar hecho para las mujeres; por el contrario, es un espacio en donde hay que estar siempre alertas. No por nada, aún en 2023, se les inculca a las adolescentes ser “niñas de casa”
Precisamente, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana para diciembre de 2022 indican que 7 de cada 10 mujeres reportan considerar que vivir en su ciudad es inseguro; esta proporción se reduce a 6 de cada 10 en el caso de los hombres. De manera específica, la brecha por género se hace más amplia cuando se trata de lugares como el transporte público: solamente el 27.6 % de las mujeres se sienten seguras en este tipo de lugares, mientras que el porcentaje en el caso de los hombres se eleva al 39.2 % a nivel nacional. El género juega un papel decisivo a la hora de evaluar individualmente el potencial peligro en el que nos encontramos cada vez que salimos a la calle.
Otro elemento que podemos conocer a partir de la información disponible es que, si bien todas las mujeres experimentamos algún tipo de violencia en el espacio público, las agresiones suelen ser diferentes para distintos segmentos de la población femenina. Por ejemplo, lo que arrojan los últimos datos de la ENDIREH es que mientras más jóvenes son las mujeres, más tienden a reportar agresiones. El grupo etario que registró más incidentes de violencia dentro de su comunidad fue el de 15 a 24 años, con 57.4 %; este porcentaje baja significativamente en mujeres de 45 a 54 años (42.2 %), mientras que el grupo que menos vivió alguno de estos eventos fue el de mujeres de 55 años en adelante, con 31.2 %.
Asimismo, una característica que resulta ser un factor determinante en la incidencia de violencia comunitaria, menciona la autora, es si las mujeres viven en entornos urbanos o rurales. Lo que muestran los datos es que se registran más agresiones en contextos urbanos, con un 50.8 %, que en los rurales (28 %). La incidencia de violencia registrada en los primeros es de casi el doble en comparación con los últimos. De igual forma, algunas entidades tienen una mayor concentración de este tipo de eventos, tal como el Estado de México, en donde dentro los entornos urbanos —como el municipio de Nezahualcóyotl, lugar donde fue localizada María Ángela— el 61% de las mujeres han vivido alguna experiencia de violencia.
Por otro lado, tratándose de la ocupación que tuvieron las mujeres que vivieron violencia en sus comunidades: las que dijeron ser solamente estudiantes indicaron un alto porcentaje de respuesta, con 44 %; seguido de las mujeres que dijeron tener un empleo, con 27 %. Por el contrario, aquéllas que se dedicaron al trabajo doméstico (no remunerado) concentraron el menor porcentaje de agresiones, con 13.6 %. Este patrón resulta ser muy claro, ya que las estudiantes y mujeres que trabajan requieren ocupar, por mayores lapsos, espacios públicos. Entre éstos se encuentra el transporte público, lugar en el que se perciben altos índices de inseguridad.
En este sentido, el testimonio de Sharon Aguilera, estudiante de 20 años del Instituto Politécnico Nacional, nos muestra, una vez más, la cara de las mujeres que viven este tipo de agresiones de manera cotidiana. Específicamente, ella relata que en el paradero del metro Indios Verdes —mismo lugar donde desapareció María Ángela— ha tenido que soportar todo tipo de acoso, e incluso en una ocasión un hombre se puso agresivo al ver que Sharon rechazaba sus avances tratando de forzarla a irse con él.
En lo que respecta a los perpetradores de estas agresiones, de manera contrastante a otros entornos en los que las mujeres viven violencia, tales como el hogar, el lugar de trabajo o la escuela, donde los responsables suelen ser conocidos de las víctimas, en el caso de la violencia comunitaria, el 72.2 % son desconocidos; incluso esta proporción aumenta a casi el 80 % cuando desconocidos son señalados de perpetrar eventos de violencia sexual. Por último, también se muestran los lugares específicos en donde suceden las agresiones. La gran mayoría pasa en la calle, con 64.8 %, seguido de autobuses o microbuses, con 13.2 % mientras que un 5.8 % se da en mercados o plazas comerciales. El 16.2 % restante lo comprenden lugares como el metro, ferias, iglesias, entre otros lugares públicos.
Con todos estos testimonios y cifras que nos revelan patrones claros de violencia en contra de las mujeres —en especial las jóvenes que estudian y trabajan en entornos urbanos— en el espacio público, ¿cómo se debería abordar el tema? Lo que resulta evidente es que el Estado no está invirtiendo en políticas públicas que prevengan estos eventos; las desapariciones de mujeres se han multiplicado casi quince veces desde 2007 y desde 2018 los registros no han dejado de crecer. De igual forma, los homicidios de mujeres en la vía pública ahora son la norma e incluso la mayor parte se comete con armas de fuego, lo que aumenta los índices de letalidad.
Adriana E. Ortega, nos hace saber que en términos de seguridad, es sabido que el actual gobierno ha priorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir todo tipo de crimen; una estrategia que ha probado ser fallida e incluso contraproducente. Mientras escribo este texto, a un total de 6,060 elementos de la Guardia Nacional se les ha comisionado llevar a cabo labores de “resguardo” de la seguridad en el metro de Ciudad de México, a la luz de “actos de sabotaje” en contra del funcionamiento de los vagones y de las instalaciones en general. En este sentido, por ejemplo, el presupuesto ejercido por la Sedena ha ido en aumento en la presente administración federal; entre 2018 a 2019 creció un 32.4 % y en los años siguientes continuó esta tendencia en un 6.7 % y 4.6 %. Mientras este monto ascendía a 138,916 millones de pesos, el correspondiente al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) fue de 687.1 y 218.8 millones de pesos, respectivamente.
Ante este panorama, es básico valorar y partir de evidencias políticas públicas que se orienten a la prevención, tanto de la violencia cotidiana como de los casos de desaparición, violación e incluso feminicidio. Aunadas a las acciones de prevención, la restauración y la adecuación de un espacio público incluyente y seguro también debería ser una prioridad. Esto no es posible si se le apuesta a la misma fórmula que ha probado ser inefectiva. Por María Ángela, por Ivone, por Sharon. Por nosotras.
